El Senado afronta cuatro días para impulsar la Ley CLARITY mientras la Casa Blanca evalúa un pacto ético

El Senado dispone de cuatro jornadas de sesión, del 4 al 7 de agosto, para avanzar la Ley CLARITY antes de iniciar el receso de agosto el 10 de agosto. La tramitación llega con un punto clave aún por cerrar: la Casa Blanca revisa un compromiso sobre normas éticas ligado a la regulación de los activos digitales. La presión del sector ha aumentado. Stand With Crypto, organización de defensa del sector con más de tres millones de simpatizantes, pidió a los senadores que aprueben la norma antes del receso y sostiene que el respaldo se extiende por Wall Street, la industria cripto y otras organizaciones. El grupo también anunció que calificará el voto de cada senador sobre la Ley CLARITY, elevando el coste político de las decisiones en los últimos días del calendario legislativo. El foco de la negociación se ha desplazado hacia la Casa Blanca por la respuesta pendiente a una contrapropuesta ética presentada por los senadores Thom Tillis (R-NC) y Ruben Gallego (D-AZ). Según la periodista Eleanor Terrett, la Administración está examinando el texto, lo que mantiene abierto uno de los últimos asuntos sin resolver antes del receso. Tim Scott (R-SC), presidente del Comité Bancario del Senado, dijo confiar en que el Congreso pueda mover pronto la legislación sobre activos digitales. El desenlace es seguido de cerca por inversores, empresas del sector y mercados, ya que un acuerdo afectaría a cómo los reguladores federales supervisan a los exchanges de criptomonedas, intermediarios de commodities digitales, emisores de tokens, custodios, servicios de finanzas descentralizadas y otros participantes. El lenguaje ético se ha convertido en el eje que conecta las reglas del mercado con las restricciones aplicables a operaciones con activos digitales que impliquen a cargos federales. La versión actualizada de la Ley CLARITY fue publicada el 22 de julio por la senadora Cynthia Lummis (R-WY). El texto integra el trabajo de los comités de Banca y de Agricultura tras meses de negociación sobre salvaguardas al consumidor, facultades de supervisión y ejecución, seguridad nacional y el alcance del control federal. El documento, de 616 páginas, crea marcos de registro para plataformas, brókeres, dealers y custodios cualificados de commodities digitales, y aborda la custodia de activos de clientes, desarrolladores de software, DeFi, rendimientos de stablecoins, ciberseguridad, financiación ilícita, autocustodia, protecciones en quiebra y requisitos éticos. Los comités ya habían impulsado la iniciativa con una votación bipartidista de 15-9 en el Comité Bancario del Senado, enviándola al pleno tras pactar responsabilidades regulatorias, refuerzos de protección al consumidor y herramientas de cumplimiento, junto con políticas orientadas a favorecer la innovación. El apoyo también crece fuera del Capitolio. El presidente de la SEC, Paul Atkins, se ha mostrado optimista sobre su aprobación, y Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy Inc. (Nasdaq: MSTR), ha respaldado la propuesta como paso para dotar de mayor claridad a las normas estadounidenses sobre activos digitales. El estrecho margen eleva la tensión. Los impulsores podrían necesitar 60 votos para superar obstáculos procedimentales antes de la consideración final. Galaxy Research situó recientemente la probabilidad de que la ley se apruebe en 2026 en el 30%, en un contexto de negociación sobre la sección ética y de presión por el calendario. Ese apartado incluye restricciones a determinadas transacciones con activos digitales, obligaciones de reporte, un estudio de la Government Accountability Office, una fecha de entrada en vigor y una cláusula de caducidad. La posición final de la Casa Blanca puede determinar si los negociadores ajustan esas disposiciones en los cuatro días disponibles o si el debate se aplaza hasta el regreso del Senado en septiembre.